El propósito de los Derechos Humanos es el de dar protección a la agencia humana, es decir, defender a los agentes humanos de la opresión y el abuso que otros cometan en su contra. Sin embargo, su respeto en la cotidianidad de algunos países es un serio reto para los Estados y, por lo tanto, para los entes internacionales encargados de velar por ellos.
Un caso concreto que permite evidenciar las particularidades del problema mencionado es el colombiano. Durante aproximadamente 40 años, Colombia ha vivido un conflicto armado que ha arrojado una constante y sistemática violación a los Derechos Humanos de sus habitantes, principalmente aquellos residentes en el sector rural. Tan sólo en el año 2003 se presentaron, por cuenta de los grupos ilegales 23.013 homicidios, 3.387 secuestros extorsivos, 121 masacres y cerca de 175.270 nuevas personas desplazadas.
Enfrentar y detener dicho fenómeno se torna cada vez más complicado al existir la dificultad de definir y atribuir dichas violaciones; sin embargo los derechos humanos implican obligaciones a cargo del Estado; por lo tanto, es el Estado el responsable de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos, así como de su incumplimiento o violación. Si existen además actores armados como las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (Farc), el ejercito de liberación nacional (ELN) y las autodefensas unidas de Colombia (AUC), estarían cometiendo una infracción al derecho internacional humanitario.
Ahora bien, algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han asumido el papel de recoger y divulgar las diferentes denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos. Sin embargo, la magnitud de la población afectada es tal que gran parte de las violaciones no llegan a ser reconocidas institucionalmente y permanecen en la impunidad. De igual forma, es necesario tener en cuenta que existe una disputa entre el gobierno colombiano y las ONG a la hora de sustentar, cualitativa y cuantitativamente, la realidad del fenómeno. Es por eso que muchas de ellas han acusado al gobierno de persecución política. Lo anterior puede ser entendido bajo la diferencia ideológica presentad por cada uno: las ONG con una posición critica y pasiva, frente a la posición del gobierno colombiano, que ha radicalizado su discurso y ha atacado a muchas de las organizaciones de derechos humanos.
Además de lo expuesto hasta el momento, se puede decir que Colombia evidencia una paradoja al presentar un nivel de violencia muy elevado –junto a una constante impunidad- y una sobreabundancia de normas y leyes que, al no ser respetadas, acaban en demostrar la inoperancia del Estado unido
El caso colombiano es un claro ejemplo de cómo un discurso, como el de los derechos humanos, bajo condiciones de conflicto y violencia, genera una gran dificultad para ser llevado a la práctica. Se encuentra, entonces, que tanto el discurso como la realidad carecen de una misma orientación y que aspectos como los Derechos Humanos no deben ser estudiados y exigidos de la misma forma que se hace en otros contextos y sociedades, donde la violencia y la desigualdad no son algunos de los factores que los caracterizan.
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